EXPEDIENTE :
1794-2011-29
SENTENCIADO :
JUAN MARTIN FARFAN MAZA
DELITO :
Tenencia Ilegal de Munición
AGRAVIADOS :
EL ESTADO
APELANTE :
ABOGADO DEL SENTENCIADO Y EL
MINISTERIO PUBLICO
ASUNTO : APELACIÓN DE SENTENCIA
PROCEDENCIA : TERCER JUZGADO UNIPERSONAL
JUEZ
PONENTE : ALAMO RENTERIA
SENTENCIA
RESOLUCION
No. 40
Piura, 21 de Marzo del año dos mil doce.-
VISTA
Y OÍDA, la audiencia de apelación de sentencia
condenatoria, por los Jueces Integrantes de la Segunda Sala Penal de
Apelaciones de la Corte
Superior de Justicia de Piura, DANIEL MEZA HURTADO, TULIO EDUARDO VILLACORTA CALDERON y OSCAR WILFREDO
ALAMO RENTERIA, en la que interviene como parte apelante el Ministerio
Público representado por el Dr. Manuel Rodolfo Sosaya López y el imputado Juan Martín Farfán Maza, asesorado por su
abogado defensor Segundo César Gutiérrez Sánchez – defensor público penal.
I. ANTECEDENTES
1.
Que, viene el presente proceso penal en apelación de la Resolución No. 30,
de fecha 20 de diciembre del 2011 que
contiene la sentencia que condena a JUAN
MARTIN FARFAN MAZA como autor del delito contra la seguridad pública – peligro
común – Tenencia Ilegal de munición en agravio del Estado representado por el
Ministerio del Interior, y como tal le impone siete años de pena privativa de
la libertad, más el pago de quinientos nuevos soles por reparación civil a
favor del agraviado.
- Que,
la sentencia venida en grado ha sido apelada por el sentenciado Juan
Martín Farfán Maza, el mismo que refiere que la pena impuesta no está acorde con los medios probatorios actuados y
solicito la revocatoria de la misma, siendo los fundamentos fácticos que
el día 08 de abril del 2011, siendo las 5:30 horas, es que su defendido
Juan Martín Farfán Maza, es intervenido por personal policial y hacerle el
registro personal se le encontró una munición en el interior de su bermuda,
y lo que se ha afectado en el juicio oral son los medios probatorios, como
son la declaración de Juan Martín Farfán Maza, el acta de registro
personal, la oralización de la pericia realizada por el perito balístico
que determina que la bala está operativa, el of. 508-2011, de los procesos
que tiene mi defendido, y la defensa sustenta la apelación que el registro
personal realizado a mi defendido no cumple con las formalidades
establecidas en el art. 210 del
Código Procesal Penal, teniendo en cuenta que dicho artículo establece que
al momento de la intervención de la persona se le hará conocer los cargos
porque se solicita el registro personal, tampoco se ha solicitado la
exhibición de los elementos que constituyan el ilícito penal, tampoco se
le ha solicitado que pueda intervenir otra persona de su confianza para realizar el registro personal, y
dicha acta que se oralizó no contiene los tres presupuestos, en
consecuencia nos encontramos ante una prueba ilegal, teniendo en cuenta
que no se ha cumplido los presupuestos de la norma procesal Penal, además
mi defendido ha señalado en el juicio oral que jamás ha tenido un cartucho
de escopeta en su poder, por lo que
no se puede establecer responsabilidades
y si bien el A quo ha señalado que si tiene valor este medio
probatorio por haberlo realizado
II. CONSIDERANDO:
2.1
FUNDAMENTACION
JURIDICA
1. Que, el artículo 279° del Código Penal
señala expresamente que “El que ilegítimamente fabrica, almacena, suministra o
tiene en su poder bombas, armas, municiones o materiales explosivos,
inflamables, asfixiantes o tóxicos o sustancias o materiales destinados para su
preparación, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de seis ni
mayor de quince años…”.-
2.
El artículo 409º y
419 del Código Procesal Penal, establece
las facultades de la Sala
Penal Superior, precisando en el numeral uno que la apelación
atribuye a la Sala
Superior , dentro de los límites de la pretensión
impugnatoria, examinar la resolución recurrida tanto en la declaración de
hechos como en la aplicación del derecho.
FUNDAMENTACION
FÁCTICA
Antecedentes de la
sentencia recurrida
1. La A quo al expedir, la sentencia recurrida ha
sustentado su decisión en que a) El
sentenciado fue encontrado en posesión de munición sin contar con licencia para
portar dicha munición otorgada por la DISCAMEC para dar
licencia, pese a tener conocimiento de esa autorización previa para portar
munición b) El sentenciado ha sido
sometido a procesos penales que de cierta manera constituye ya una experiencia al conocimiento pleno de los supuestos de
hecho previstos en la norma que prohíbe determinados comportamientos, c) Además
cuenta con quinto año de secundaria, sabe diferencias los antijurídicos, no exist4e
en la conducta del imputado ninguna causa de justificación de las previstas en
el artículo 20 del Código Penal, y no concurre
ausencia de acción ni ausencia de dolo.
Hechos discutidos en la Audiencia de Juicio Oral
de Segunda Instancia
1.
Iniciado el debate
contradictorio, sin que ninguna de las partes haya ofrecido nuevos elementos
probatorios, el abogado del sentenciado como tesis de su defensa, ha señalado
que : i) No ha sido puesto en riesgo la seguridad jurídica, puesto que su
patrocinado estaba en posesión de una munición plasmado en el registro
personal,, no ha creado riesgo al bien jurídico protegido, por lo que su
conducta es atípica.
2.
Mientras que el
Representante del Ministerio Público señala que
la Munición
– cartucho de escopeta-, incautado al imputado Farfán Maza se encuentra en buen estado de funcionamiento conforme se
corrobora con la pericia balística.
Valoración del material
probatorio que fundamenta la sentencia apelada
3.
Tal como lo ha considerado la A quo, para emitir sentencia
condenatoria, se ha basado en la actividad probatoria que conlleva a la certeza
y convicción que el ilícito penal imputado al sentenciado Farfán Maza se ha
configurado, en tanto que ha sido incautado una munición, tal como se ha
evidenciado con el acta de registro personal e incautación suscrito por el
propio sentenciado con fecha 08 de abril del 2011, donde se le encontró en el
bolsillo de su pantalón, ratificado la pericia balística forense en la que se
determina que la munición se encuentra en buen estado de conservación y
funcionamiento.
FUNDAMENTOS
DEL COLEGIADO PAR ABSOLVER AL APELANTE
· Teniendo en consideración que el A quo para
sentenciar al condenado recurrente se ha
basado en la prueba directa, consistente en el acta de registro personal e incautación
suscrito por el imputado Farfán Maza,
con fecha 08 de abril del 2011 y
si bien la defensa ha cuestionado que no se ha dado cumplimiento a los
requisitos establecidos en el art. 210 inc. 4) del Código Procesal Penal, al no estar consignadas las formalidades, se
debe partir que el sentenciado fue
intervenido conjuntamente con la persona de Cruz Portilla, a quien sí se
le incautó un arma de fuego abastecido con municiones, por lo que no resulta ser suficiente que el
acta de incautación sea considerada prueba ilegal, además no se ha obtenido
dicha prueba con infracción a la ley procesal penal ni a la Constitución.
· De lo que podemos colegir que en el presente
caso, lo que se cuestiona son las
formalidades establecidas en el art. 210 inc. 4) del Código Procesal Penal, por
lo que escuchados los audios y analizada las pruebas actuadas, queda demostrado
que efectivamente al imputado no se le informó de las razones por las cuales
era intervenido, como tampoco el derecho que le corresponde de ser asistido en
dicho acto por una persona de su confianza, puesto que en el acta de registro
personal e incautación no se ha detallado tales formalidades y solamente se ha
limitado a consignar el hallazgo de la munición – cartucho de escopeta color
guinda-, conforme bien lo ha señalado el imputado Farfán Maza en el juicio oral
donde se ha mantenido en su negativa de señalar que en su poder no ha tenido
dicha munición, con lo cual queda demostrado que se ha omitido desarrollar el
procedimiento establecido por ley, conllevando
a la afectación de la norma procesal penal y atentar contra los derechos del
referido sentenciado y que se encuentran comprendidos en la norma
Constitucional.
· De otro lado cabe precisar que una de las garantías que ofrece la Constitución Políticala
STC No.0618
· En
consecuencia del análisis de los considerandos
de la sentencia recurrida no se ha llegado a determinar con la certeza jurídica
que la ley establece que el procesado Farfán Maza, sea responsable del delito
materia de enjuiciamiento por cuanto, la recurrida no se ha fundamentado en una
actividad probatoria suficiente que permita al Juzgador la creación de la
verdad jurídica y de ésta manera establecer los niveles de imputación de
responsabilidad del acusado.
· En cuanto al pago de las costas, éstas están a
cargo del vencido, en este caso el Ministerio Público; pero, tal como lo
establece el artículo 499 del Código Procesal Penal, dicha institución se
encuentra exento de dicho pago.
Fundamentos por los cuales, los Jueces
Superiores Integrantes de la
SEGUNDA SALA PENAL DE APELACIONES DE LA CORTE SUPERIOR DE
JUSTICIA DE PIURA, POR UNANIMIDAD,
III.
RESUELVE:
- REVOCAR la
sentencia apelada que condena a JUAN MARTIN FARFAN MAZA como autor del
delito contra la seguridad pública – peligro común – Tenencia Ilegal de
munición en agravio del Estado representado por el Ministerio del
Interior, y REFORMANDOLA
ABSOLVIERON al citado JUAN
MARTIN FARFAN MAZA del delito
de Tenencia ilegal de municiones en agravio del Estado.
- DISPUSIERON su
inmediata libertad, siempre y cuando no tenga mandato de
detención emanado en su contra
- SE ORDENA se anulen los antecedentes policiales,
penales y judiciales que se haya generado con motivo del presente proceso
- DECLARAR EXENTO del pago de costas al Ministerio Público.
S.S
MEZA
HURTADO
VILLACORTA
CALDERON
ALAMO RENTERIA
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