DEMANDANTE :ALBERTOMALDONADO FLORES
MATERIA : HABEAS CORPUS
DEMANDADO : Jueces Supremos Villa Stein, Rodríguez Tineo, Pariona Pastrana, Villa Bonilla y Morales Parraguez.
PROCEDENCIA : Tercer Juzgado Unipersonal de Piura
ASUNTO : Apelación de sentencia
Ponente : Meza Hurtado
SENTENCIA DE LA SEGUNDA SALA PENAL
Resolución N° 8
Piura, catorce de noviembre del dos mil doce.
I. DELIMITACIÓN DE LA APELACIÓN
Apelación interpuesta por el sentenciado Alberto Maldonado Flores, contra la sentencia de fecha veinticinco de octubre del año 2010 –resolución N° 03- que declaró improcedente la demanda de hábeas corpus dirigida contra los integrantes de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, Jueces Supremos Villa Stein, Rodríguez Tineo, Pariona Pastrana, Villa Bonilla y Morales Parraguez, solicitando se revoque la apelada , disponga la absolución del sentenciado recurrente y disponga su excarcelación (sic).
II. ANTECEDENTES DEL CASO
1. La acción constitucional de hábeas corpus es dirigida contra los Jueces Supremos integrantes de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, quienes emitieron la resolución de Revisión de Sentencia su fecha 19 de junio del año 2012, por la que declara infundada la demanda de revisión planteada por el sentenciado Maldonado Flores contra la Ejecutoria Suprema dictada por la Segunda Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema con fecha cuatro de septiembre de dos mil nueve, que declaró no haber nulidad en la sentencia de fecha quince de abril de dos mil nueve dictada por la Segunda Sala Penal liquidadora.
2. Al considerar el recurrente que se habría violado su derecho a la libertad interpone demanda de hábeas corpus en el exp. N° 3957-2012, donde luego de la tramitación correspondiente se emite sentencia por el Tercer Juzgado Unipersonal de Piura con fecha veinticinco de octubre del año en curso declarando improcedente la demanda en razón considerar que lo que busca el accionante es utilizar la vía constitucional que activa esta garantía para efectuar una nueva valoración de las pruebas actuadas en un proceso ordinario, aspecto que compete únicamente a la justicia ordinaria.
3. Efectivamente del mérito de lo actuado se aprecia que el recurrente fue condenado a la pena de veinticinco años de privación de la libertad por los delitos de violación sexual y actos contra el pudor en agravio de dos menores de edad, sentencia emitida por la Segunda Sala Penal Superior de Piura, la misma que recurrida de nulidad ante la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema declaró no haber nulidad, finalizando el decurso procesal de la acción penal.
4. No obstante ello, el sentenciado planteó demanda de Revisión alegando el supuesto previsto en el inciso 5° del art. 361 del Código de Procedimientos Penales que prevé como recurso extraordinario la procedencia de esta revisión cuando “con posterioridad a la sentencia se acrediten hechos por medio de pruebas no conocidas en el juicio, que sean capaces de establecer la inocencia del condenado”, sin embargo el accionante pretendía que se efectúe una nueva valoración probatoria de testimoniales no actuadas en el proceso que no tienen entidad suficiente para enervar la imputación penal que fundamentó la sentencia ejecutoriada en su contra.
III. FUNDAMENTACIÓN DE LA IMPUGNACIÓN
A. El Abogado defensor del sentenciado Maldonado Flores, expone en la audiencia de apelación, como fundamentos de la apelación que cuando se condenó por la Segunda Sala Penal Liquidadora Penal de Piura a su patrocinado como autor del delito de violación de la libertad sexual en agravio de la menor MVVN y por actos contra el pudor en agravio de la menor TYVN, imponiéndole la pena de veinticinco años de pena privativa de libertad, no se efectuó una valoración correcta de las pruebas actuadas; es así que su defendido de manera uniforme tanto en sede fiscal como judicial sostuvo que no cometió los delitos que se le atribuyen, pero se le condenó en base a la sindicación de las menores y de su madre que ha sido su ex conviviente, que no existió acreditación médica de la supuesta violación ya que la agraviada presentaba himen elástico, todo lo cual evidencia una clara afectación y vulneración al derecho a la libertad de su patrocinado.
B. Que en la sentencia recurrida, el juzgador manifiesta que la presente acción constitucional se sustenta en lo actuado en un proceso penal ordinario, y que no se aprecia la violación al derecho constitucional protegido por la acción del hábeas corpus, ya que como ha referido al haberse sentenciado a su patrocinado sin pruebas, la sentencia es injusta, pues es inocente de todos los cargos que le atribuyen. Agrega que si bien contra la sentencia de revisión expedida por los magistrados de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema no existe otro recurso impugnatorio para cuestionarla, al haberse producido una clara vulneración del derecho a la libertad, sentenciándose a su patrocinado por un delito que no se cometió, lo que se pretende con la presente acción no es reevaluar las pruebas que se actuaron en dicho proceso, sino que se aprecia si se ha producido una clara violación del derecho a la libertad, ya no se puede negar a nadie el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva.
IV. FUNDAMENTOS JURÍDICOS
1. La regulación de la garantía constitucional del hábeas corpus según el artículo 200º de la Constitución permite que esta acción proceda ante el hecho u omisión por parte de cualquier autoridad, funcionario o persona, que vulnera o amenaza la libertad individual o los derechos constitucionales conexos, de igual forma los requisitos, forma de tramitación y causales de improcedencia han sido reguladas en forma específica por los artículos veinticinco a treinta y seis del Código Procesal Constitucional -Ley Nº 28377.
2. El Tribunal Constitucional en múltiples sentencias y resoluciones, como en el Exp. N° 00192-2012-PHC/TC-LIMA-Caso Percy North Carrión de fecha 27 de marzo de 2012, ha determinado que “no cualquier reclamo que alegue la presunta afectación del derecho a la libertad individual o sus derechos conexos puede dar lugar a la garantía constitucional del hábeas corpus, para ello debe examinarse previamente si los hechos cuya inconstitucionalidad se denuncia revisten relevancia constitucional y luego, si aquellos agravian el contenido constitucionalmente protegido del derecho fundamental a la libertad personal”. De lo que se concluye que para la procedencia del hábeas corpus, el hecho denunciado debe redundar necesariamente en una afectación directa y concreta del derecho a la libertad individual, en palabras del tribunal: “la afectación a los derechos constitucionales conexos debe incidir de manera negativa en el derecho a la libertad individual”, en el mismo sentido, el artículo 5°, inciso 1 del Código Procesal Constitucional, establece que no proceden los procesos constitucionales cuando (…) los hechos y el petitorio de la demanda no están referidos en forma directa al contenido constitucionalmente protegido del derecho invocado”.
3. Por su parte el artículo 25º del Código Procesal Constitucional señala de manera enunciativa el catálogo de derechos que conforman la libertad individual y los derechos conexos con ella, no apreciándose en el caso de la presente demanda ninguno de los supuestos en que se fundamenta la viabilidad de la acción de hábeas corpus ni que la pretensión del recurrente tenga relación con la protección de éstos derechos, por lo que la demanda de conformidad con el artículo 5º inciso primero del Código Procesal Constitucional es manifiestamente improcedente.
4. Un proceso de hábeas corpus no puede servir como pretende el accionante –y sus Abogados defensores- ni para determinar la responsabilidad penal de los procesados, ni para valorar las pruebas con que se acreditaría o no su responsabilidad (Vid. STC en el Exp. 01960-2011) pero tampoco puede servir para subsanar o efectuar cuestionamientos propios que pueden y deben ser resueltos en los procesos correspondientes con la debida actuación probatoria.
5. Que el propio Código Procesal Constitucional en su Artículo 25 prescribe que el “Hábeas Corpus procede ante la acción u omisión que amenace o vulnere los derechos que enunciativamente, conforman la libertad individual…”, estableciendo en su parte in fine, que el habeas corpus también “procede en defensa de los derechos constitucionales conexos con la libertad individual, especialmente cuando se trata del debido proceso…”; de ninguna forma puede ser utilizado para “subsanar” por la vía indirecta situaciones jurídicas que debieron ser esclarecidas en su oportunidad dentro de un debido proceso, ni tampoco para sustituir la valoración probatoria que efectúan los Jueces de la República en el ejercicio de sus funciones durante la actuación de aquellos.
6. Que, del estudio de los actuados, se verifica que en la presente vía constitucional, el demandante sostiene que se ha afectado su derecho a la libertad en virtud de una valoración incorrecta del material probatorio actuado en el proceso penal que se le instauró y que finalizó con una sentencia condenatoria y pretende que en esta vía constitucional se le “absuelva” de los cargos (vid. párrafo 5 de la demanda), apreciándose que no se cumple con la doctrina jurisprudencia constitucional en el sentido que los hechos que sustenten una demanda deben postular que el hecho denunciado redunde necesariamente en una afectación directa y concreta del derecho a la libertad individual, es decir los derechos constitucionales conexos a los que se alude en la presente demanda, incidan de manera negativa en el derecho a la libertad individual [1], lo que no se aprecia en el este caso..
7. Que, el proceso de habeas corpus, a diferencia de los procesos de amparo y de cumplimiento no tiene regulado en el Código Procesal Constitucional causales específicas para su improcedencia, lo que no impide que le resulten aplicable como lo ha precisado el Tribunal Constitucional en el Expediente N° 06218-2007-PHC/TC-JUNÍN, Caso Esteban Camarena, que “le resulten aplicables las causales previstas en el artículo 5 del Código Procesal, en tanto no contradigan su finalidad de tutela del derecho a la libertad y derechos conexos a ellas y su naturaleza de proceso sencillo y rápido”.
8. Finalmente, debemos precisar que esta demanda debió ser rechazada in límine, justamente en virtud de la doctrina sentada en sede Constitucional, donde se ha previsto que ante una demanda de hábeas corpus , el Juez debe identificar:
(i) si se trata –el caso- de derechos tutelados por el proceso de hábeas corpus, ya que ése no solo protege la libertad física propiamente dicha sino incluso a la libertad de movimiento, libertad de tránsito y derecho a la integridad personal incluso al derecho a la salud de las personas recluidas en prisión;
(ii) si se trata de una afectación al contenido constitucionalmente protegido, este debe evaluarse (Vid. STC 1417-2005-PA/TC) en el caso concreto, es decir debe valorarse si en el presente caso se trata de una afectación a los derechos que protege el hábeas corpus y
(iii) debe analizarse si el verdadero contenido de la pretensión ejercida por la demandante forma parte del contenido protegido de algunos de los derechos fundamentales que son tutelados por el proceso de hábeas corpus, ya que si la pretensión no busca proteger tal contenido la demanda debe ser declara improcedente [2].
V. ANÁLISIS DE LA CONTROVERSIA
En el presente caso de los argumentos expuestos por el demandante tanto al interponer su demanda de hábeas corpus como al formular su recurso de apelación y al exponer su alegato en la audiencia de apelación celebrada, así como de los términos de la absolución del traslado efectuado por el Procurador Público del Poder Judicial (folios 38/44), se aprecia que ésta es manifiestamente improcedente, como lo ha declarado la Juez de la causa.
En el presente caso no se han vulnerado los derechos protegidos por la garantía constitucional del hábeas corpus en contra del sentenciado Maldonado Flores, quien pretende lograr por la vía constitucional, luego de que la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema declaró infundada la demanda de revisión que interpuso contra la Ejecutoria Suprema que declaró no haber nulidad de la sentencia condenatoria que le impuso la Segunda Sala Penal de Piura, que se “revoque dicha sentencia de revisión, se le absuelva de la imputación y se ordene su excarcelación”, situación jurídica de carácter irrealizable, por los fundamentos expuestos.
VI. RESOLUCIÓN:
Por las consideraciones expuestas, analizando los hechos conforme a las reglas de la sana critica y de conformidad con las normas antes señalas, los Jueces Superiores integrantes de la SEGUNDA SALA PENAL SUPERIOR DE LA CORTE SUPERIOR DE PIURA POR UNANIMIDAD, HA RESUELTO: CONFIRMAR la resolución apelada que declara IMPROCEDENTE la demanda de habeas corpus interpuesta por Alberto Maldonado Flores contra la sentencia del Tercer Juzgado Unipersonal de Piura, ORDENARON se devuelvan los presentes actuados al Juzgado de origen para los fines de Ley.-
Meza Hurtado Villacorta Calderón Álamo Rentería
[1] Así es verse en el Fundamento 2 del Expediente N° 02633-2011-PHC/TC-Lima, caso VAN DER SLOOT, donde el Constitucional recuerda que “… por ello el Código Procesal Constitucional prevé en su artículo 5°, inciso 1 que no proceden los procesos constitucionales cuando : (…) los hechos y el petitorio de la demanda no están referidos en forma directa al contenido constitucionalmente protegido del derecho invocado”, precisando además (Fund 3°) que si bien el Juez constitucional puede pronunciarse sobre la eventual violación o amenaza de violación a los derechos constitucionales conexos, ello “ha de ser posible siempre que exista conexión entre éstos y el derecho a la libertad individual, de modo que la amenaza o violación al derecho constitucional incida también, encada caso, en un agravio al derecho a la libertad individual.
[2] Vid. Exp. N° 06218-2007-PHC/TC-JUNÏN, caso ESTEBAN CAMARENA, Fundamentos 16° y 17°.
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